Como suele suceder en periodismo, esta historia surgió del tallo de otro trabajo. A finales del 2019 llegaron al correo del periódico El Uniandino dos denuncias de estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes en las que se relataban casos de maltrato verbal y conductas inapropiadas por parte de algunos profesores. Quien era entonces editor de contenidos periodísticos, Alejandro Lozada, se dio a la tarea de seguirle el rastro a esas historias y encontró con sorpresa que cuando hablaba con fuentes de la comunidad médica, especialmente estudiantes, lo primero que salía a flote era el miedo que despertaba el poder de sus profesores.
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Llegado el 2020, la periodista investigativa Isabella Mejía, quien era estudiante de medicina, propuso hacer una investigación sobre el acoso sexual en la carrera a raíz de varios casos que había conocido durante su paso por la facultad. Cuando empezó a reunir testimonios, encontró mucha resistencia para hacer público aquello que era vox populi entre los estudiantes. Una vez más, quedaba claro que tenían miedo. 
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Para junio del año pasado, Lozada y Mejía habían reunido un puñado de historias de maltrato, abuso de poder y acoso sexual experimentados por estudiantes de medicina en la ciudad de Bogotá. En octubre, El Uniandino decidió ampliar al equipo de periodistas incluyendo a María Fernanda Alarcón, Natalia Chavarro y Susana Echavarría, y extendimos también nuestra búsqueda para incluir a las ciudades de Medellín y Cali. 
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Lo que encontramos fue impactante: un patrón que se repetía calcado sin importar el hospital, la facultad o la ciudad. Y una idea repetida: varias víctimas estaban bajo la impresión de que su caso era excepcional. Para este punto habíamos recolectado y documentado 26 casos entre Bogotá, Medellín y Cali, y era evidente que se trataba de un tema estructural y no de casos aislados.
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En los meses siguientes el equipo se encargó de reunir fotografías, conversaciones de WhatsApp y documentos para establecer con la mayor precisión posible los detalles de los casos más graves, que constituyen la historia central de cada capítulo. Además, hablamos con testigos, directivos de hospitales, directivos de universidades, psicólogas expertas, médicos, profesores y muchos, muchísimos, estudiantes de medicina, especialmente mujeres.
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Una semana antes de publicar, intentaron censurarnos amenazando a la facultad de medicina de la Universidad de los Andes. Aunque nos llamamos El Uniandino, y todas las personas involucradas en este trabajo son uniandinas, no hacemos parte institucional de la universidad y esto nos permitió evitar el intento de censura.
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Todo lo anterior sentó las bases para más trabajo de reportería que finalmente ha sido condensado en este reportaje. Si desea ponerse en contacto con el equipo o tiene preguntas sobre la investigación, puede escribirnos al correo medicina.eluniandino@gmail.com.

Este reportaje tuvo costos por dos conceptos: el diseño web de la historia, y su desarrollo. El diseño tuvo un costo de 800 mil COP como se puede ver detallado en esta cotización y el desarrollo tuvo un costo de 1.5 millones COP como se puede ver detallado en esta cotización. Además, el dominio tuvo un costo de 75 mil COP por los primeros dos años y una cuota de mantenimiento anual pasado ese tiempo de 45 mil COP. Así las cosas, el costo total de este reportaje fue de 2.375 millones COP más una cuota de mantenimiento del dominio de 45 mil COP desde el 2023.
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Para financiar estos costos El Uniandino utilizó tres fuentes: todo el dinero recolectado por el curso de periodismo de datos, las contribuciones de nuestros Patrons, a quienes agradecemos profundamente su apoyo, y recursos privados de los miembros del Comité Editorial. De todo el dinero recolectado por el curso de periodismo de datos vinieron 1.386 millones COP, mientras que de las contribuciones de nuestros Patrons vinieron 500 mil COP. El dinero restante, 489 mil COP, salió de los bolsillos de 8 de los 10 editores miembros del Comité Editorial de El Uniandino.
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Si considera que nuestro trabajo es valioso y le parece que nuestra independencia es importante, lo invitamos a que nos apoye con alguna de estas opciones.

Cubrir el abuso de poder, el maltrato y el acoso sexual siempre será una tarea éticamente desafiante. Por un lado, el periodista está llamado a hacer su trabajo de reportero escuchando activamente a todos los involucrados, lo que incluye a los victimarios. También debe contrastar la información que obtiene, buscar evidencia y complejidad, incluso cuando sus fuentes sean víctimas. Por otro lado, debe cuidarse de perpetuar la violencia sobre aquellos que han sufrido y evitar a toda costa convertir las historias que cuenta en un espectáculo para que la audiencia se entretenga, banalizando así al sujeto de su trabajo.
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No existe una respuesta definitiva para estas cuestiones. Sin embargo, quisiéramos ofrecer algunas consideraciones éticas para explicar en parte las decisiones editoriales que tomamos y sus razones. Y para eso hay que empezar diciendo que utilizamos como guía una idea que explica muy bien el periodista inglés Robert Fisk, cuando dice de forma contradictoria: el periodismo es neutral y objetivo en favor de los que sufren. Esto para decir que en el centro de nuestras decisiones estuvieron las víctimas.
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La primera gran decisión que tomamos en este sentido fue ocultar la identidad de las víctimas. Muchas nos lo pidieron, y en varios casos fue la condición para que nos permitieran compartir sus historias. Entendimos que esto era necesario, no solo para respetar su voluntad, que es sumamente importante, sino para reducir las posibilidades de que nuestra investigación resulte en consecuencias negativas para ellas. 
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Por otra parte, los nombres de los doctores involucrados también fueron anonimizados por petición de las víctimas. La influencia de estos hombres en su medio es tan alta, y la protección hacia quienes experimentan el acoso es tan baja, que muy pocas personas accedieron a contarnos sus historias sin incluir esta condición. Por razones de equilibrio, extendimos la decisión de anonimato sobre los nombres de los profesores involucrados en los relatos que no eran de acoso sexual. 
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Esto no significa que sean historias anónimas. Sabemos quiénes son, tenemos evidencia documental de sus conductas y, cuando no se comprometía la identidad de las víctimas, también los contactamos para conocer su versión de los hechos.
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Hemos decidido no publicar la evidencia documental con la que contamos, como las capturas de pantalla de las conversaciones que citamos dentro del texto. A pesar de que las víctimas nos dieron su autorización para hacerlo, consideramos que podían incluir elementos que permitían ser utilizados por los doctores para identificar a quienes hablaron con nosotros. No quisimos asumir ese riesgo. 
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En cambio, fue importante para el equipo incluir el nombre de los hospitales donde sucedieron los casos que relatamos, y el de las universidades a las que pertenecen los estudiantes, a menos que la víctima nos pidiera explícitamente no nombrarlos. Los hechos son concretos y sucedieron en lugares específicos; hablar de ellos en abstracto sería como hablar del problema en abstracto, y estamos convencidos de que discutirlo de esa manera es una de las razones por las que todavía persiste. También es importante señalar que estas instituciones no están exentas de la responsabilidad. El bienestar de los estudiantes dentro de las actividades académicas es su obligación, y estas situaciones se perpetúan por acción u omisión de quienes están a cargo.
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Por último, para la investigación y dentro del texto consideramos "estudiantes" a todas las personas dentro de la facultad de medicina que no han terminado su pregrado. Cuando hay casos de internos (estudiantes de semestres 11 y 12), nos referimos a ellos también como estudiantes. Lo anterior porque podría ser un factor de confusión innecesario, porque los internos siguen sin ser médicos graduados y están sujetos a las mismas dinámicas de poder y porque identificarlos como internos podría dar pistas a los acosadores sobre quién los denunció.